Monitoreo electrónico y reincidencia
Desde hace un tiempo, la seguridad es uno de los temas que más preocupa a los uruguayos. Algunos de los tópicos más comunes de discusión en la materia son las causas del aumento en la delincuencia, las consecuencias para la sociedad de su incremento, y qué hacer para cambiar la situación actual.
En esta última categoría, se dice que hay que aumentar la inclusión social, mejorar la educación de los jóvenes (para que puedan ganar buen dinero honestamente, y para generar una "cultura de trabajo"![]()
y hacer más fácil su entrada al mercado de trabajo. Todas esas son ideas loables y atacarían el problema de fondo al hacer más atractivas las actividades legales. Pero esas medidas parecen complicadas de implementar en el corto plazo. Por eso, también se ha propuesto bajar la edad de imputabilidad (para poder dar penas más duras a los menores infractores, que son responsables de una parte importante del incremento reciente en el delito), endurecer penas y aumentar el número de policías. Estas medidas hacen menos atractiva la actividad delictiva.
Una medida que normalmente no se discute es el monitoreo electrónico: en vez de mandar a un delincuente a la cárcel, se le coloca una tobillera (que no se puede sacar) con un dispositivo electrónico que avisa a la policía si la persona se alejó de las zonas a las que puede ir (solo su casa, o de su casa al trabajo, por ejemplo).
El interés original en esta tecnología surgió pues significaba un tratamiento más "humano" de los delincuentes (que mandarlos a prisión) y porque es más barato mantenerlos en su casa que en una cárcel estatal. En principio, el efecto del monitoreo electrónico (en vez del encarcelamiento) sobre el delito es ambiguo: por un lado, al hacer menos malo el castigo, puede fomentarlo; por otro lado, si se liberan recursos por no tener que invertirlos en cárceles, pueden usarse para más policías o para mejor tecnología de combate al delito (laboratorios técnicos, o software para mejor asignación de los policías).
En esta nota no discutiré los efectos del monitoreo electrónico sobre el delito sino sobre la probabilidad de reincidencia de la gente "tratada" con la tobillera, versus la de los encarcelados. Por supuesto, si la tobillera reduce la probabilidad de reincidencia, contribuye a la caída del delito (habría que ver si al hacer la pena "más blanda" no se fomenta el delito de otros). El monitoreo electrónico puede reducir la reincidencia porque no se "aliena" al reo enviándolo a una prisión no apta para delincuentes, o porque si se lo manda a una cárcel puede aprender mejor el oficio de delinquir.
Datos.
En "Criminal Recidivism after Prison and Electronic Monitoring," (Reincidencia delictiva después de prisión y monitoreo electrónico), publicado en el Journal of Political Economy este año, Rafael Di Tella (de Harvard) y Ernesto Schargrodsky (de la U. Torcuato Di Tella) estudian el efecto de un programa de monitoreo electrónico sobre la reincidencia.
Los autores dicen que un individuo reincide si vuelve a ser arrestado por la policía (luego de haber sido dado de baja de la cárcel, o del programa de monitoreo electrónico). El resumen ejecutivo es que, cuando a un individuo se lo trata con prisión, su probabilidad de reincidencia es 22%, mientras que si se le hace monitoreo electrónico, la probabilidad de reincidencia es solo 13%. Es decir, es mucho menos probable que un individuo vuelva a cometer un delito si se lo asigna a un programa de monitoreo electrónico que si se lo manda a la cárcel.
Para el observador crítico, una comparación de este tipo no demuestra nada: si los jueces tienen buen ojo para detectar a los delincuentes "peligrosos" o con probabilidad de reincidencia, y a esos los mandan a la cárcel, no se puede decir que el monitoreo electrónico reduzca la probabilidad de reincidencia. La clave en el trabajo es demostrar que ese no es el método de selección.
Los autores demuestran lo siguiente: la asignación de delincuentes a jueces es aleatoria (un delincuente va a parar con el juez que está de turno, y los turnos de los jueces se determinan por sorteo) y la asignación de delincuentes a la cárcel o a monitoreo, no depende de las características del delito. Si esas dos afirmaciones son ciertas, entonces es verdadero que la asignación de un preso al programa de monitoreo reduce su probabilidad de reincidencia desde 22% a 13%.
Que la asignación de delincuentes a jueces es aleatoria, es bastante creíble. Salvo en el caso de delincuentes muy sofisticados (digamos, narcotraficantes) resulta difícil imaginar que cometerán un delito cuando un cierto juez está de turno (además, es complicado saber los turnos de los jueces). Y muchos de los delitos sofisticados (como el narcotráfico) son delitos federales que no entran en el estudio, que solo incluye datos de la provincia de Buenos Aires para delitos tratados por su sistema judicial (que excluye los federales).
La parte más complicada de la historia es mostrar que las características de quienes infringen la ley no influyen en la probabilidad de que un juez los asigne a cada forma de castigo. Los autores realizan varias pruebas, pero el dato central es que si uno mira a los delincuentes asignados a cada forma, la distribución por delitos es muy parecida: el porcentaje de asesinos entre los infractores asignados a una prisión (5,8%) es similar al porcentaje de asesinos entre los delincuentes asignados al monitoreo electrónico (7,8%); el porcentaje de reos arrestados por intento de homicidio que fueron asignados a la cárcel (1,7%) es similar al porcentaje de delincuentes que intentaron un homicidio y terminaron con monitoreo electrónico (2,1%). En todo caso, vemos que para los dos delitos más graves, el porcentaje en monitoreo electrónico es un poco mayor: eso parece indicar que no se está mandando a prisión a los más peligrosos.
El argumento de los autores es que hay diferencias entre los jueces, y que algunos mandan a "todos" sus casos a monitoreo electrónico, mientras que algunos jueces no lo hacen en ningún caso. Un punto clave en esta caracterización es que, en forma similar a lo que sucede en Uruguay, la gran mayoría de los presos aún no tienen una sentencia. Cuando parece que el individuo es culpable, se lo manda preso y comienza un largo proceso; cuando se cumple un cierto porcentaje de la pena "razonable" para el delito, si aún no hay sentencia (que suele ser el caso) se lo libera. Entonces, al momento de decidir si al individuo se lo manda a una prisión o al programa de monitoreo electrónico, no se ha demostrado que es culpable.
Por esa situación, los jueces "garantistas", que quieren garantizar los derechos de los acusados, argumentan que como el individuo recién fue acusado y aún no se ha demostrado su culpabilidad, es injusto mandarlo a una cárcel donde las condiciones son inhumanas. Esos jueces suelen asignar a muchos acusados al monitoreo electrónico. Por otro lado, los jueces "mano dura" suelen enfatizar los derechos de las víctimas y que no es su responsabilidad que las prisiones sean lugares inhumanos. En concordancia con esa visión, nunca utilizan el monitoreo.
Impactos.
El trabajo es muy interesante, y en principio parece muy relevante para nuestro país. En particular, nuestras cárceles están superpobladas y eso es malo desde un punto de vista de derechos humanos de los presos, pero además es caro mantener a una población tan grande en nuestro sistema penitenciario. Si además el monitoreo reduce la reincidencia, ¿no es obvio que debería adoptarse?
El programa que estudiaron Di Tella y Schargrodsky contaba con solo 300 aparatos de monitoreo, por lo que era un programa "chico". Su implementación, seguramente, no cambió la percepción de los delincuentes sobre la gravedad de las penas. Quizás un programa más amplio llevaría a la percepción de que "se ablandaron las penas" y ello podría llevar a más delito. Sin una evaluación del efecto (menos) disuasivo del monitoreo electrónico es difícil saber el efecto neto sobre el delito de un programa a "gran escala", aunque reduzca mucho la reincidencia.
y hacer más fácil su entrada al mercado de trabajo. Todas esas son ideas loables y atacarían el problema de fondo al hacer más atractivas las actividades legales. Pero esas medidas parecen complicadas de implementar en el corto plazo. Por eso, también se ha propuesto bajar la edad de imputabilidad (para poder dar penas más duras a los menores infractores, que son responsables de una parte importante del incremento reciente en el delito), endurecer penas y aumentar el número de policías. Estas medidas hacen menos atractiva la actividad delictiva.
Una medida que normalmente no se discute es el monitoreo electrónico: en vez de mandar a un delincuente a la cárcel, se le coloca una tobillera (que no se puede sacar) con un dispositivo electrónico que avisa a la policía si la persona se alejó de las zonas a las que puede ir (solo su casa, o de su casa al trabajo, por ejemplo).
El interés original en esta tecnología surgió pues significaba un tratamiento más "humano" de los delincuentes (que mandarlos a prisión) y porque es más barato mantenerlos en su casa que en una cárcel estatal. En principio, el efecto del monitoreo electrónico (en vez del encarcelamiento) sobre el delito es ambiguo: por un lado, al hacer menos malo el castigo, puede fomentarlo; por otro lado, si se liberan recursos por no tener que invertirlos en cárceles, pueden usarse para más policías o para mejor tecnología de combate al delito (laboratorios técnicos, o software para mejor asignación de los policías).
En esta nota no discutiré los efectos del monitoreo electrónico sobre el delito sino sobre la probabilidad de reincidencia de la gente "tratada" con la tobillera, versus la de los encarcelados. Por supuesto, si la tobillera reduce la probabilidad de reincidencia, contribuye a la caída del delito (habría que ver si al hacer la pena "más blanda" no se fomenta el delito de otros). El monitoreo electrónico puede reducir la reincidencia porque no se "aliena" al reo enviándolo a una prisión no apta para delincuentes, o porque si se lo manda a una cárcel puede aprender mejor el oficio de delinquir.
Datos.
En "Criminal Recidivism after Prison and Electronic Monitoring," (Reincidencia delictiva después de prisión y monitoreo electrónico), publicado en el Journal of Political Economy este año, Rafael Di Tella (de Harvard) y Ernesto Schargrodsky (de la U. Torcuato Di Tella) estudian el efecto de un programa de monitoreo electrónico sobre la reincidencia.
Los autores dicen que un individuo reincide si vuelve a ser arrestado por la policía (luego de haber sido dado de baja de la cárcel, o del programa de monitoreo electrónico). El resumen ejecutivo es que, cuando a un individuo se lo trata con prisión, su probabilidad de reincidencia es 22%, mientras que si se le hace monitoreo electrónico, la probabilidad de reincidencia es solo 13%. Es decir, es mucho menos probable que un individuo vuelva a cometer un delito si se lo asigna a un programa de monitoreo electrónico que si se lo manda a la cárcel.
Para el observador crítico, una comparación de este tipo no demuestra nada: si los jueces tienen buen ojo para detectar a los delincuentes "peligrosos" o con probabilidad de reincidencia, y a esos los mandan a la cárcel, no se puede decir que el monitoreo electrónico reduzca la probabilidad de reincidencia. La clave en el trabajo es demostrar que ese no es el método de selección.
Los autores demuestran lo siguiente: la asignación de delincuentes a jueces es aleatoria (un delincuente va a parar con el juez que está de turno, y los turnos de los jueces se determinan por sorteo) y la asignación de delincuentes a la cárcel o a monitoreo, no depende de las características del delito. Si esas dos afirmaciones son ciertas, entonces es verdadero que la asignación de un preso al programa de monitoreo reduce su probabilidad de reincidencia desde 22% a 13%.
Que la asignación de delincuentes a jueces es aleatoria, es bastante creíble. Salvo en el caso de delincuentes muy sofisticados (digamos, narcotraficantes) resulta difícil imaginar que cometerán un delito cuando un cierto juez está de turno (además, es complicado saber los turnos de los jueces). Y muchos de los delitos sofisticados (como el narcotráfico) son delitos federales que no entran en el estudio, que solo incluye datos de la provincia de Buenos Aires para delitos tratados por su sistema judicial (que excluye los federales).
La parte más complicada de la historia es mostrar que las características de quienes infringen la ley no influyen en la probabilidad de que un juez los asigne a cada forma de castigo. Los autores realizan varias pruebas, pero el dato central es que si uno mira a los delincuentes asignados a cada forma, la distribución por delitos es muy parecida: el porcentaje de asesinos entre los infractores asignados a una prisión (5,8%) es similar al porcentaje de asesinos entre los delincuentes asignados al monitoreo electrónico (7,8%); el porcentaje de reos arrestados por intento de homicidio que fueron asignados a la cárcel (1,7%) es similar al porcentaje de delincuentes que intentaron un homicidio y terminaron con monitoreo electrónico (2,1%). En todo caso, vemos que para los dos delitos más graves, el porcentaje en monitoreo electrónico es un poco mayor: eso parece indicar que no se está mandando a prisión a los más peligrosos.
El argumento de los autores es que hay diferencias entre los jueces, y que algunos mandan a "todos" sus casos a monitoreo electrónico, mientras que algunos jueces no lo hacen en ningún caso. Un punto clave en esta caracterización es que, en forma similar a lo que sucede en Uruguay, la gran mayoría de los presos aún no tienen una sentencia. Cuando parece que el individuo es culpable, se lo manda preso y comienza un largo proceso; cuando se cumple un cierto porcentaje de la pena "razonable" para el delito, si aún no hay sentencia (que suele ser el caso) se lo libera. Entonces, al momento de decidir si al individuo se lo manda a una prisión o al programa de monitoreo electrónico, no se ha demostrado que es culpable.
Por esa situación, los jueces "garantistas", que quieren garantizar los derechos de los acusados, argumentan que como el individuo recién fue acusado y aún no se ha demostrado su culpabilidad, es injusto mandarlo a una cárcel donde las condiciones son inhumanas. Esos jueces suelen asignar a muchos acusados al monitoreo electrónico. Por otro lado, los jueces "mano dura" suelen enfatizar los derechos de las víctimas y que no es su responsabilidad que las prisiones sean lugares inhumanos. En concordancia con esa visión, nunca utilizan el monitoreo.
Impactos.
El trabajo es muy interesante, y en principio parece muy relevante para nuestro país. En particular, nuestras cárceles están superpobladas y eso es malo desde un punto de vista de derechos humanos de los presos, pero además es caro mantener a una población tan grande en nuestro sistema penitenciario. Si además el monitoreo reduce la reincidencia, ¿no es obvio que debería adoptarse?
El programa que estudiaron Di Tella y Schargrodsky contaba con solo 300 aparatos de monitoreo, por lo que era un programa "chico". Su implementación, seguramente, no cambió la percepción de los delincuentes sobre la gravedad de las penas. Quizás un programa más amplio llevaría a la percepción de que "se ablandaron las penas" y ello podría llevar a más delito. Sin una evaluación del efecto (menos) disuasivo del monitoreo electrónico es difícil saber el efecto neto sobre el delito de un programa a "gran escala", aunque reduzca mucho la reincidencia.
Pensamiento personal: Si bien la nota es de Uruguay, creo que se puede aplicar perfectamente a la situación de Argentina, donde la cárcel termina siendo una escuela para profesionalizar a los delincuentes, sin hablar del hecho de que muchas veces terminan saliendo más trastornados de lo que entraron.
